En TOROBLACK somos expertos en seguridad privada, sin embargo no sólo nos preocupamos por la seguridad que nosotros podemos ofrecerte, si no también en la seguridad en general a la que debemos estar sujetos en el país, ya que englobamos seguridad en todos los sentidos aplicables para vivir en una sociedad cubierta, y con educación en prevención de riesgos.

Durante los últimos 25 años, el SINAPROC ha logrado mejoras significativas, sobre todo en sus capacidades de planeación, respuesta y recuperación. Sin embargo, al igual que muchos países miembros de la OCDE, actualmente se percibe la necesidad de cambiar su enfoque concentrándose en la prevención de riesgos. El propósito de este enfoque previsor es detener o reducir los daños antes de que ocurran y es compatible con darle un lugar preponderante a la adaptación al cambio climático en la visión estratégica del país en materia de desarrollo. Estas mejoras han gozado de un sólido apoyo político a nivel federal y del compromiso de la mayoría de los actores involucrados en el SINAPROC, lo que debería continuar para incrementar los niveles de resiliencia, yendo a la par con el incremento de las vulnerabilidades económica y social.

El territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. Las características geográficas y topográficas del país generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como terremotos, tormentas tropicales e inundaciones. Adicionalmente, la

existencia de grandes disparidades relacionadas con factores como la riqueza o los niveles de ingreso y educación, han generado las condiciones necesarias para la presencia de altos niveles de vulnerabilidad.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se creó con el objetivo de mejorar las capacidades de protección civil de México después del devastador terremoto ocurrido en la Ciudad de México en 1985 (el cual, de acuerdo con cifras oficiales, registró 4541 víctimas. Por su parte, el CENAPRED ha estimado que el sismo destruyó 412 inmuebles, dañó otros 3124 y causó más de 4 mil millones de dólares en daños económicos). México no es el único país que ha enfrentado un crecimiento en el nivel de las afectaciones económicas generadas por desastres (véase la figura 2). El desastre ocurrido en 1985 dejó a México la misma lección que llevó a muchos países a iniciar cambios estructurales en sus políticas públicas. A saber, la existencia de esfuerzos de coordinación ad hoc enfocados en la respuesta y recuperación ante desastres de gran escala, los cuales son ineficientes en el mejor de los casos e ineficaces en el peor. Esta lección dejó en claro la necesidad de contar con un enfoque integral y sistemático centrado en coordinar las acciones de respuesta y recuperación ante un desastre.

Una señal del avance del SINAPROC desde su creación en 1986 es que ha disminuido la cantidad anual promedio de fallecimientos causados por desastres, a pesar del aumento en la cantidad anual promedio de desastres. Esto refleja las fortalezas relativas del sistema con respecto a la preparación y la capacidad de respuesta y de recuperación ante una emergencia; sin embargo, como se menciona anteriormente, de igual manera ha habido un incremento en los daños económicos resultantes. Esta tendencia apoya el consenso entre las partes involucradas en el SINAPROC en relación con la necesidad de cambiar el enfoque del sistema y trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades para la prevención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad, contribuyendo a un crecimiento económico sostenido. Durante la década pasada, las pérdidas económicas fueron provocadas en gran medida por huracanes en el Golfo de México e inundaciones.

El SINAPROC se enfoca en coordinar grupos de instituciones, relaciones funcionales y programas, para así asegurar y fortalecer los vínculos entre las capacidades de protección civil de los sectores público, privado y social.
Su objetivo central es lograr un sistema de gestión integral de riesgos que reúna a los profesionales responsables de, entre otras cosas, las unidades de coordinación y respuesta ante emergencias, la investigación científica, los sistemas de alerta temprana y del financiamiento de las actividades de reconstrucción. Uno de sus retos clave es simplemente asegurar que los distintos servicios de protección civil federales, estatales y municipales funcionen como un conjunto flexible junto con las empresas, las organizaciones de voluntarios y los institutos de investigación de diferentes sectores.

El diseño del SINAPROC es apropiado para los retos administrativos, operativos y estratégicos del sistema relacionados con la respuesta y el financiamiento ante emergencias. Su marco institucional flexible pretende fomentar la participación de las dependencias del gobierno federal, al tiempo que integra a los organismos competentes tanto de estados como de municipios muy autónomos. Ha tenido éxito en integrar las diversas capacidades de respuesta y monitoreo de emergencias del sector público, especialmente a nivel federal. Sin embargo, los vínculos formales con el sector privado y las organizaciones de voluntarios se encuentran menos desarrollados. Se le ha asignado a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) una función expresa de liderazgo y coordinación, lo que es crucial para asegurar que las instituciones responsables de una gran cantidad de capacidades de respuesta como el Ejército, la Marina, la CONAGUA y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) trabajen constantemente de manera conjunta y coordinada. La colaboración estrecha con la comunidad científica ha permitido que la toma de decisiones sobre políticas de protección civil se beneficie de los avances en el conocimiento científico y de los nuevos desarrollos tecnológicos en la mitigación de riesgos.

El correcto funcionamiento del SINAPROC se basa directamente en la capacidad de sus partes para trabajar de manera conjunta y de acuerdo con políticas congruentes en distintos sectores, y en especial dentro de los tres órdenes de gobierno en México. A nivel federal, las Leyes Generales de Protección Civil de 2000 y 2012 crearon un sólido marco institucional y de políticas públicas, en tanto que a nivel estatal el avance en la homologación de la legislación en materia de protección civil ha cubierto las omisiones de lo que era un mosaico muy divergente en 1985. El Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil brinda en cierta medida claridad sobre las funciones y las responsabilidades de los diversos actores involucrados en la protección civil, pero carece de especificidad sobre cómo deben coordinarse. Identifica claramente el papel fundamental que desempeñan los servicios de protección civil tanto estatales como municipales ante la ocurrencia de eventos catastróficos. No obstante, si la magnitud del evento rebasa la capacidad de manejo de los servicios locales, el Ejército y la Marina pueden movilizarse de modo independiente para prestar apoyo. De manera práctica, la mayoría de los casi 2 500 municipios son comunidades rurales que carecen de las capacidades básicas de protección civil. En consecuencia, esas comunidades dependen de recursos estatales y federales con mayor frecuencia en comparación con los centros urbanos.