La correlación entre el crecimiento económico y el aumento en los daños ocasionados por desastres ha llevado a muchos países a pensar en integrar la reducción de riesgos de desastre en sus planes de desarrollo. Esto conlleva un compromiso y trabajo a largo plazo para fortalecer la resiliencia del territorio nacional a los desastres, a través de una planeación territorial y desarrollo urbano más sustentables. Asimismo, implica una combinación de medidas estructurales y no estructurales, pasando por la educación sobre riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana.
Una inadecuada planeación urbana/territorial y de uso de suelo contribuye en gran medida a la vulnerabilidad de la población de México, y es considerada el reto más apremiante de política pública para la reducción de riesgos de desastre. La rápida y continua urbanización de las áreas metropolitanas ha aumentado los asentamientos informales en áreas propensas a riesgos, como las riberas de ríos o laderas inestables. En este tema fundamental, el SINAPROC enfrenta un reto de déficit de gobernanza, ya que las políticas de uso de suelo son parte de las atribuciones municipales en más del 60% del territorio de México, y se diseñan con muy poca vinculación con la información sobre riesgos. Como los cauces de los ríos y sus alrededores se encuentran bajo la autoridad de la CONAGUA pero el uso de suelo y la planeación urbana son responsabilidad de los municipios, se ha generado un vacío entre ambos marcos legales e institucionales. En algunos casos, ninguna de las dos partes toma la iniciativa para evitar o expulsar asentamientos invasores. Por consiguiente, los asentamientos ilegales en áreas propensas a inundaciones tienden a reaparecer en el mismo lugar incluso después de desastres importantes, como la inundación de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana ocasionada por el huracán Alex en el año 2010.
Los códigos de construcción y el reforzamiento sísmico de estructuras son dos áreas adicionales de la política de prevención de riesgos de desastre con mayor posibilidad de mejora. En teoría, los códigos de construcción se definen a nivel municipal; pero muchos municipios no cuentan con suficientes recursos para elaborarlos, lo que implica que la construcción en muchas áreas con riesgo sísmico no esté regulada. Algunos municipios han adoptado el código sísmico de la Ciudad de México, que con frecuencia no es adecuado para las condiciones del suelo locales y otras variables que determinan el nivel de riesgo sísmico respectivo. El estado de Chiapas proporcionó apoyo financiero para la microzonificación sísmica, una buena práctica que podría repetirse en otros estados para aportar información con el fin de elaborar códigos de construcción. Además, en los municipios que cuentan con códigos de construcción, las disposiciones sobre la mitigación de riesgos se centran frecuentemente en los riesgos por terremoto, y no se presta suficiente atención a las medidas adecuadas para contrarrestar inundaciones, huracanes y tsunamis con base en el nivel local de riesgo.
Los sistemas de alerta temprana han demostrado su eficacia para salvar vidas y limitar los daños. Además del Sistema de Alerta Sísmica mencionado con anterioridad, se han creado otros sistemas como el SIAT-CT para tormentas tropicales. Se podrían obtener beneficios significativos en la seguridad pública si se ampliarán estos sistemas para cubrir todo el territorio en riesgo, y hubiera una cobertura más completa de otros peligros, tales como inundaciones y tsunamis. Un sistema homologado a nivel nacional con el mismo uso de símbolos, códigos de color, protocolos y canales de divulgación desde el nivel federal hasta los niveles estatal y municipal podría aumentar tanto las sinergias como la eficiencia y evitar cualquier confusión causada por mensajes generados por diversas fuentes. En este respecto, las instancias técnicas que operan los servicios de alerta temprana deben elaborar mejores procedimientos de coordinación. La colaboración con los medios podría ayudar a asegurar que las alertas tempranas se comuniquen adecuadamente por medio de todos los canales disponibles, especialmente cuando exista un peligro inminente.
México ha llevado a cabo esfuerzos importantes para crear mayor conciencia sobre los riesgos a través de campañas públicas y el sistema educativo nacional. Los consejos vecinales en la Ciudad de México y Chiapas que van de puerta en puerta informando a la población sobre los riesgos y las medidas eficaces de autoprotección ilustran muy bien la participación y el empoderamiento de la comunidad. Las Jornadas de Protección Civil son también un programa eficaz para fomentar la educación sobre riesgos. Promover una cultura de este tipo eventualmente puede ayudar a generar un apoyo más amplio del público a las políticas de prevención de riesgos de desastre. Los esfuerzos continuos para que la población esté más preparada, educada y consciente de los riesgos, sobre todo los más vulnerables (niños y ancianos, comunidades aisladas, turistas) deben recibir más apoyo.
Comentarios recientes